Chihuahua, Chih., (apro).- El juez Guillermo Gómez Cortés denunció que en represalia “por no acatar órdenes” en distintas resoluciones jud...
Chihuahua, Chih., (apro).- El juez Guillermo Gómez Cortés denunció
que en represalia “por no acatar órdenes” en distintas resoluciones
judiciales “que han incomodado” al gobernador César Duarte Jáquez, las
autoridades ordenaron su cambio a Ciudad Juárez, por lo que promovió un
amparo para frenar la medida.
En entrevista, Gómez Cortés explica que en los siete años que lleva
como juez de Garantías en el Distrito Judicial Hidalgo, con sede en
Parral, no ha presentado rezagos y siempre se ha conducido en apego a la
objetividad. El motivo de su cambio, subraya, es sólo una represalia
más de las que el gobierno estatal ha emprendido en su contra desde hace
un año aproximadamente.
“El motivo (del cambio) es un profundo acto de injusticia porque he tratado de conducirme con objetividad, honestidad y he sido imparcial”, dice.
Según el juez, nunca se ha dejado coaccionar ni que quieran imponerle órdenes para fallar con mayor o menor rigor en contra de ciertos imputados.
Las órdenes que recibía, dice, eran siempre para beneficiar al Ministerio Público, aunque éste no hiciera bien su trabajo o, bien, favorecer a personas acusadas vinculadas a autoridades.
“Por ejemplo, en un fraude me decían que no se podía agravar porque era conocido (el acusado), me pedían no dictar prisión preventiva o al revés. En una ocasión, el abuelo de un político estaba acusado de violar a cuatro menores y me pidieron no dictarle prisión preventiva, a pesar de que el (artículo) 19 constitucional y el 173 dicen que esos delitos se persiguen de oficio y es prisión preventiva. No podía acceder”, apunta.
Este último año, añade, se han registrado más casos que cualquier otro sobre solicitudes de aplicación del protocolo de Estambul en Parral, precisamente cuando se incrementó la violencia en esa región, y debido a que ante los medios de comunicación las autoridades han presentado a detenidos sin haber demostrado antes que son culpables del delito de secuestro.
“No puedo resolver con dolo, no puedo ser parcial, no puedo, el problema de coacción se da principalmente en el tema de secuestro”, insiste.
Y afirma que cuando Gabriel Sepúlveda Reyes asumió como secretario general del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la presión para los juzgadores se agudizó.
Meses después de la designación de Sepúlveda –originario de Parral y cercano al gobernador César Duarte Jáquez–, el Ejecutivo impuso al presidente actual del STJ, José Miguel Salcido Romero, pero la situación no mejoró, dice Gómez Cortés.
“En enero de este año nombraron a Gerardo Acosta Barrera como magistrado de la Sala Constitucional en Parral. Los dos, Acosta y yo, hicimos examen para ocupar el cargo de magistrado, y ya cuando había pasado el proceso salió una nota en un medio de comunicación donde dieron a conocer que el magistrado le había regalado unos caballos a César Duarte, y Acosta me culpó a mí de filtrarla, pero le recordé que había muchos amigos suyos cuando el gobernador le llamó para agradecerle el regalo. Y vinieron más represalias”.
Desde esa fecha, sostiene, lo amenazaban con cambiarlo a Guadalupe y Calvo, Chínipas o Ciudad Juárez, si no acataba las órdenes. Finalmente cumplieron sus amenazas el pasado miércoles 17, cuando ordenaron su cambio a la ciudad fronteriza.
De enero a la fecha, apunta, Acosta Barrera dio empleo a su esposa en la Escuela Judicial de Parral, que antes no existía. Al mes, precisa, se gastaban 500 mil pesos en tres exsecretarios, escribiente y la esposa de Acosta Barrera, aun cuando se anunció la época de austeridad.
Además, “Acosta se dedicaba a hablar con jueces desde que era secretario particular de la presidencia del Supremo, y también intervenía Gabriel Sepúlveda. ¿Qué tienen que andar hablando con los administradores de los distritos, si nosotros somos autónomos y administramos justicia?”, acusa molesto.
Y asegura que cada vez le inventan más reportes y quejas administrativas, pero “tengo la razón, no me voy a dejar, no me asusta cualquier tipo de represalia”. Lo que buscan es que renuncie, pero no lo lograrán porque, afirma, es inamovible.
Guillermo Gómez asegura que en las quejas 40 y 41 de este año, presentadas ante el presidente del Poder Judicial, integraron una grabación de audio como prueba para demostrar que Gabriel Sepúlveda tiene contacto con los jueces, aun cuando no es superior jerárquico de éstos ni tiene atribución para interferir en las decisiones de los juzgadores.
Sepúlveda, añade, fue colocado en el cargo para operar políticamente para Duarte desde el Poder Judicial, y ha sido cuestionado por diferentes actores políticos y sociales en la actual administración.
El juez precisa que el pasado viernes 19 promovió la demanda de amparo y ya fue aceptada por el juez décimo de Distrito. Ahora “sólo queda esperar”, concluye.
“El motivo (del cambio) es un profundo acto de injusticia porque he tratado de conducirme con objetividad, honestidad y he sido imparcial”, dice.
Según el juez, nunca se ha dejado coaccionar ni que quieran imponerle órdenes para fallar con mayor o menor rigor en contra de ciertos imputados.
Las órdenes que recibía, dice, eran siempre para beneficiar al Ministerio Público, aunque éste no hiciera bien su trabajo o, bien, favorecer a personas acusadas vinculadas a autoridades.
“Por ejemplo, en un fraude me decían que no se podía agravar porque era conocido (el acusado), me pedían no dictar prisión preventiva o al revés. En una ocasión, el abuelo de un político estaba acusado de violar a cuatro menores y me pidieron no dictarle prisión preventiva, a pesar de que el (artículo) 19 constitucional y el 173 dicen que esos delitos se persiguen de oficio y es prisión preventiva. No podía acceder”, apunta.
Este último año, añade, se han registrado más casos que cualquier otro sobre solicitudes de aplicación del protocolo de Estambul en Parral, precisamente cuando se incrementó la violencia en esa región, y debido a que ante los medios de comunicación las autoridades han presentado a detenidos sin haber demostrado antes que son culpables del delito de secuestro.
“No puedo resolver con dolo, no puedo ser parcial, no puedo, el problema de coacción se da principalmente en el tema de secuestro”, insiste.
Y afirma que cuando Gabriel Sepúlveda Reyes asumió como secretario general del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la presión para los juzgadores se agudizó.
Meses después de la designación de Sepúlveda –originario de Parral y cercano al gobernador César Duarte Jáquez–, el Ejecutivo impuso al presidente actual del STJ, José Miguel Salcido Romero, pero la situación no mejoró, dice Gómez Cortés.
“En enero de este año nombraron a Gerardo Acosta Barrera como magistrado de la Sala Constitucional en Parral. Los dos, Acosta y yo, hicimos examen para ocupar el cargo de magistrado, y ya cuando había pasado el proceso salió una nota en un medio de comunicación donde dieron a conocer que el magistrado le había regalado unos caballos a César Duarte, y Acosta me culpó a mí de filtrarla, pero le recordé que había muchos amigos suyos cuando el gobernador le llamó para agradecerle el regalo. Y vinieron más represalias”.
Desde esa fecha, sostiene, lo amenazaban con cambiarlo a Guadalupe y Calvo, Chínipas o Ciudad Juárez, si no acataba las órdenes. Finalmente cumplieron sus amenazas el pasado miércoles 17, cuando ordenaron su cambio a la ciudad fronteriza.
De enero a la fecha, apunta, Acosta Barrera dio empleo a su esposa en la Escuela Judicial de Parral, que antes no existía. Al mes, precisa, se gastaban 500 mil pesos en tres exsecretarios, escribiente y la esposa de Acosta Barrera, aun cuando se anunció la época de austeridad.
Además, “Acosta se dedicaba a hablar con jueces desde que era secretario particular de la presidencia del Supremo, y también intervenía Gabriel Sepúlveda. ¿Qué tienen que andar hablando con los administradores de los distritos, si nosotros somos autónomos y administramos justicia?”, acusa molesto.
Y asegura que cada vez le inventan más reportes y quejas administrativas, pero “tengo la razón, no me voy a dejar, no me asusta cualquier tipo de represalia”. Lo que buscan es que renuncie, pero no lo lograrán porque, afirma, es inamovible.
Guillermo Gómez asegura que en las quejas 40 y 41 de este año, presentadas ante el presidente del Poder Judicial, integraron una grabación de audio como prueba para demostrar que Gabriel Sepúlveda tiene contacto con los jueces, aun cuando no es superior jerárquico de éstos ni tiene atribución para interferir en las decisiones de los juzgadores.
Sepúlveda, añade, fue colocado en el cargo para operar políticamente para Duarte desde el Poder Judicial, y ha sido cuestionado por diferentes actores políticos y sociales en la actual administración.
El juez precisa que el pasado viernes 19 promovió la demanda de amparo y ya fue aceptada por el juez décimo de Distrito. Ahora “sólo queda esperar”, concluye.
POR eso Mexico no avanza
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