Diversas entidades federativas y municipos, incluyendo al gobierno de Chihuahua, concentraron en conjunto 67 por ciento de las irregularid...
Diversas entidades federativas y municipos, incluyendo al gobierno de
Chihuahua, concentraron en conjunto 67 por ciento de las
irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) en su informe sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2013.
Entidades federativas y municipios concentraron en conjunto 67 por
ciento de las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) en su informe sobre la fiscalización de la Cuenta
Pública 2013.
De acuerdo con un análisis de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados sobre las auditorías al gasto federalizado, los gobiernos de los estados y alcaldías de todo el país fueron objeto de 6 mil 15 observaciones del órgano de fiscalización por el desvío, la falta de comprobación y el subejercicio de miles de millones de pesos etiquetados para educación, salud, seguridad e infraestructura local.
La ASF puso especial énfasis en la revisión del ejercicio del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) con una auditoría por entidad federativa.
Entre los principales resultados destaca el pago indebido de mil 343 millones de pesos por concepto de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos a las respectivas secciones del magisterio en 20 estados, así como el desembolso de mil 273 mdp para el pago a maestros “comisionados” a tareas sindicales en 26 entidades.
Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Tamaulipas y Tlaxcala destinaron asimismo 702.2 millones de pesos del FAEB al pago de compensaciones discrecionales a empleados, mientras Chiapas, Colima y Distrito Federal hicieron pagos indebidos de nómina por 538.4 mdp.
En el Estado de México se identificaron 162.5 millones de pesos de los que no se ha comprobado el destino de los recursos para el pago de la nómina.
La Unidad de Evaluación detalló asimismo las irregularidades detectadas por la ASF en el ejercicio del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, cuya asignación a las 32 entidades federativas ascendió en 2013 a 7 mil 631.8 millones de pesos, de los cuales no se habían ejercido 3 mil 830.8 mdp hasta el cierre del referido año.
Además se observaron transferencias bancarias indebidas por 649.5 millones de pesos a cuentas de los gobiernos de Baja California Sur, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán, así como faltantes por 6 mdp en la cuenta bancaria del fondo en Sinaloa y Tabasco.
Sobre la revisión del gasto federalizado en materia de salud, destacan los hallazgos de la ASF en el programa del Seguro Popular.
En ese caso, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz realizaron transferencias por 2 mil 954 millones de pesos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, sin reintegrarlos a su objetivo original, mientras Campeche, Chiapas y Jalisco tienen un monto de mil 658 mdp pendiente de aclarar.
Asimismo, 26 de las 32 entidades federativas registraron 9 mil 155
millones de pesos del Seguro Popular como recursos no devengados, entre
los que se incluyen rendimientos financieros y penas convencionales.
El Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, destinado a superar condiciones de marginación en los municipios del país, tuvo también múltiples anomalías en 2013.
Por citar los casos con mayor impacto, 132 de 220 municipios auditados invirtieron en conjunto mil 159 millones de pesos en proyectos no autorizados, en tanto que otros 24 municipios destinaron indebidamente 319 mdp a la adquisición y distribución de fertilizantes.
De igual forma, 96 municipios que invirtieron 672.1 mdp del fondo en obras y acciones que no cumplieron con el objetivo de beneficiar directamente a población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
“Por la falta de documentación comprobatoria del gasto se observaron 335 millones de pesos: esta omisión fue determinada en 35 municipios, de los cuales en seis las administraciones salientes no presentaron la documentación comprobatoria del total de recursos recibidos durante su gestión”, remarca el reporte, entre otros muchos señalamientos.
De acuerdo con un análisis de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados sobre las auditorías al gasto federalizado, los gobiernos de los estados y alcaldías de todo el país fueron objeto de 6 mil 15 observaciones del órgano de fiscalización por el desvío, la falta de comprobación y el subejercicio de miles de millones de pesos etiquetados para educación, salud, seguridad e infraestructura local.
La ASF puso especial énfasis en la revisión del ejercicio del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) con una auditoría por entidad federativa.
Entre los principales resultados destaca el pago indebido de mil 343 millones de pesos por concepto de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos a las respectivas secciones del magisterio en 20 estados, así como el desembolso de mil 273 mdp para el pago a maestros “comisionados” a tareas sindicales en 26 entidades.
Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Tamaulipas y Tlaxcala destinaron asimismo 702.2 millones de pesos del FAEB al pago de compensaciones discrecionales a empleados, mientras Chiapas, Colima y Distrito Federal hicieron pagos indebidos de nómina por 538.4 mdp.
En el Estado de México se identificaron 162.5 millones de pesos de los que no se ha comprobado el destino de los recursos para el pago de la nómina.
La Unidad de Evaluación detalló asimismo las irregularidades detectadas por la ASF en el ejercicio del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, cuya asignación a las 32 entidades federativas ascendió en 2013 a 7 mil 631.8 millones de pesos, de los cuales no se habían ejercido 3 mil 830.8 mdp hasta el cierre del referido año.
Además se observaron transferencias bancarias indebidas por 649.5 millones de pesos a cuentas de los gobiernos de Baja California Sur, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán, así como faltantes por 6 mdp en la cuenta bancaria del fondo en Sinaloa y Tabasco.
Sobre la revisión del gasto federalizado en materia de salud, destacan los hallazgos de la ASF en el programa del Seguro Popular.
En ese caso, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz realizaron transferencias por 2 mil 954 millones de pesos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, sin reintegrarlos a su objetivo original, mientras Campeche, Chiapas y Jalisco tienen un monto de mil 658 mdp pendiente de aclarar.
El Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, destinado a superar condiciones de marginación en los municipios del país, tuvo también múltiples anomalías en 2013.
Por citar los casos con mayor impacto, 132 de 220 municipios auditados invirtieron en conjunto mil 159 millones de pesos en proyectos no autorizados, en tanto que otros 24 municipios destinaron indebidamente 319 mdp a la adquisición y distribución de fertilizantes.
De igual forma, 96 municipios que invirtieron 672.1 mdp del fondo en obras y acciones que no cumplieron con el objetivo de beneficiar directamente a población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
“Por la falta de documentación comprobatoria del gasto se observaron 335 millones de pesos: esta omisión fue determinada en 35 municipios, de los cuales en seis las administraciones salientes no presentaron la documentación comprobatoria del total de recursos recibidos durante su gestión”, remarca el reporte, entre otros muchos señalamientos.
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